Para la izquierda y máxime en época de crisis hay una serie de políticas que son irrenunciables, entre ellas, la sanidad, la educación y los servicios sociales. La izquierda lo que debe de tratar, sobre todo, es mantener servicios universales que sean vitales para la cohesión de la sociedad y sobre todo, proteger a los más débiles.
Desde hace ya algunos años y, al margen de la crisis, se viene hablando de la viabilidad del sistema sanitario español. Algunas comunidades autónomas, sin distinción de color político, plantean el copago como una necesidad para la sostenibilidad del sistema. Esta modalidad se viene aplicando en farmacia desde hace unos años para los que no son pensionistas. Las comunidades autónomas que más presión realizan para que parte de la sanidad sea pagada por los usuarios, son Cataluña, Madrid y Asturias. El ser de un color político u otro en esto nada importa. La reciente reforma del sistema de financiación autonómica y los fondos para sanidad no han servido para acallar esas voces.
El coste sanitario en España en 2007 era de 60.000 millones de euros y el déficit acumulado de 11.000 millones. El crecimiento anual de la factura sanitaria, globalmente considerada, desde el 2002 ha sido del 9%. Aunque con grandes diferencias los gastos se han desbocado y en algunas comunidades autónomas han crecido por encima de la media.
No existe una sanidad española, creer esto es partir de un punto de partida falso. Son tantas las disparidades entre comunidades autónomas; Gasto sanitario por PIB, camas hospitalarias, salarios del personal, calidad percibida y pirámide de población que hace que en realidad estemos hablando de 17 sistemas sanitarios bastante dispares entre sí. Por ejemplo, los salarios percibidos por los profesionales de la sanidad. Los costes profesionales en Cataluña son entre un 25 y un 27 por ciento superiores a los que, por ejemplo, se reciben en Cantabria. El envejecimiento de sociedades como la castellano-leonesa, la aragonesa y la castellano-manchega aumenta la frecuencia de la asistencia a centros de salud y hospitales, y la dispersión de la población suele añadir otro factor de diferenciación. No olvidemos que el traslado para atención en especialidades médicas corre a cargo del usuario
Estudios recientes (Fedea y McKinsey) sugieren alternativas dirigidas a contrarrestar ese déficit. El grupo de expertos comisionado por el Ministerio de Sanidad para evaluar el coste sanitario de la dependencia, elevan al Congreso de los Diputados una serie de medidas que insisten en fórmulas de copago, entre otros para los pensionistas, y no solo en la factura farmacéutica. El informe presentado a la conferencia de presidentes sobre gasto sanitario dibuja un cuadro completísimo que, aunque exento de recomendaciones, reflejan un cuadro alarmante sobre la financiación sanitaria. Algunos, ponen incluso fechas para un colapso del sistema, 2020. En definitiva hay en marcha toda una ofensiva en la que coinciden, sector privado y los políticos de diferentes partidos.
En la izquierda, deberíamos de preguntarnos si el modelo seguido de la transferencia de la sanidad a las comunidades autónomas cumple con el objetivo de una sanidad sostenible y que sea igual para todos los españoles, esta es la cuestión clave. Los consultores la contemplan como un mecanismo adecuado para optimizar el sistema en lo referente al gasto pero bien es cierto, que gran parte los desequilibrios que el sistema tiene, son imputable a las distintos ratios y prioridades y esto es, responsabilidad de las comunidades autónomas. En el gasto per capita y camas por cien habitantes se están constituyendo brechas sanitarias que en el caso de algunas comunidades autónomas hay abanicos que van del 1 al 1,5 sin que eso signifique que la atención recibida sea tan indicativa como para justificar esas difeencias. Por otro lado, el gasto sanitario en España se encuentra en los niveles más inferiores de Europa.
Sabido es, que en los períodos de crisis hay recortes del bienestar. La lectura sobre la actual crisis económica se centra, aunque tienen una gran importancia, en el paro, el cierre de empresas y los impuestos. Sin embargo, no se mira hacia esa gran olla en donde se viene cociendo a altas temperaturas todas las políticas del bienestar. En un momento dado, los encargados de las válvulas procederán a abrirlas y por ellas desaparecerán muchas de estas políticas convertidas en vapor. Es aquí cuando convendrá valorar el gasto suntuario, las políticas de singularidad y la reducción de impuestos que muchas comunidades autónomas realizan. Debemos de preguntarnos si el proyecto autonómico diseñado para mejorar la administración y elevar el nivel de vida del ciudadano español se está consiguiendo o en cambio se puede tornar, si no se establecen una serie de parámetros básicos con carácter universal, en un mecanismo creador de desigualdades cuando, supongo, debería de haber servido para todo lo contrario.
Para mas información en http://www.fadsp.org/
Desde hace ya algunos años y, al margen de la crisis, se viene hablando de la viabilidad del sistema sanitario español. Algunas comunidades autónomas, sin distinción de color político, plantean el copago como una necesidad para la sostenibilidad del sistema. Esta modalidad se viene aplicando en farmacia desde hace unos años para los que no son pensionistas. Las comunidades autónomas que más presión realizan para que parte de la sanidad sea pagada por los usuarios, son Cataluña, Madrid y Asturias. El ser de un color político u otro en esto nada importa. La reciente reforma del sistema de financiación autonómica y los fondos para sanidad no han servido para acallar esas voces.
El coste sanitario en España en 2007 era de 60.000 millones de euros y el déficit acumulado de 11.000 millones. El crecimiento anual de la factura sanitaria, globalmente considerada, desde el 2002 ha sido del 9%. Aunque con grandes diferencias los gastos se han desbocado y en algunas comunidades autónomas han crecido por encima de la media.
No existe una sanidad española, creer esto es partir de un punto de partida falso. Son tantas las disparidades entre comunidades autónomas; Gasto sanitario por PIB, camas hospitalarias, salarios del personal, calidad percibida y pirámide de población que hace que en realidad estemos hablando de 17 sistemas sanitarios bastante dispares entre sí. Por ejemplo, los salarios percibidos por los profesionales de la sanidad. Los costes profesionales en Cataluña son entre un 25 y un 27 por ciento superiores a los que, por ejemplo, se reciben en Cantabria. El envejecimiento de sociedades como la castellano-leonesa, la aragonesa y la castellano-manchega aumenta la frecuencia de la asistencia a centros de salud y hospitales, y la dispersión de la población suele añadir otro factor de diferenciación. No olvidemos que el traslado para atención en especialidades médicas corre a cargo del usuario
Estudios recientes (Fedea y McKinsey) sugieren alternativas dirigidas a contrarrestar ese déficit. El grupo de expertos comisionado por el Ministerio de Sanidad para evaluar el coste sanitario de la dependencia, elevan al Congreso de los Diputados una serie de medidas que insisten en fórmulas de copago, entre otros para los pensionistas, y no solo en la factura farmacéutica. El informe presentado a la conferencia de presidentes sobre gasto sanitario dibuja un cuadro completísimo que, aunque exento de recomendaciones, reflejan un cuadro alarmante sobre la financiación sanitaria. Algunos, ponen incluso fechas para un colapso del sistema, 2020. En definitiva hay en marcha toda una ofensiva en la que coinciden, sector privado y los políticos de diferentes partidos.
En la izquierda, deberíamos de preguntarnos si el modelo seguido de la transferencia de la sanidad a las comunidades autónomas cumple con el objetivo de una sanidad sostenible y que sea igual para todos los españoles, esta es la cuestión clave. Los consultores la contemplan como un mecanismo adecuado para optimizar el sistema en lo referente al gasto pero bien es cierto, que gran parte los desequilibrios que el sistema tiene, son imputable a las distintos ratios y prioridades y esto es, responsabilidad de las comunidades autónomas. En el gasto per capita y camas por cien habitantes se están constituyendo brechas sanitarias que en el caso de algunas comunidades autónomas hay abanicos que van del 1 al 1,5 sin que eso signifique que la atención recibida sea tan indicativa como para justificar esas difeencias. Por otro lado, el gasto sanitario en España se encuentra en los niveles más inferiores de Europa.
Sabido es, que en los períodos de crisis hay recortes del bienestar. La lectura sobre la actual crisis económica se centra, aunque tienen una gran importancia, en el paro, el cierre de empresas y los impuestos. Sin embargo, no se mira hacia esa gran olla en donde se viene cociendo a altas temperaturas todas las políticas del bienestar. En un momento dado, los encargados de las válvulas procederán a abrirlas y por ellas desaparecerán muchas de estas políticas convertidas en vapor. Es aquí cuando convendrá valorar el gasto suntuario, las políticas de singularidad y la reducción de impuestos que muchas comunidades autónomas realizan. Debemos de preguntarnos si el proyecto autonómico diseñado para mejorar la administración y elevar el nivel de vida del ciudadano español se está consiguiendo o en cambio se puede tornar, si no se establecen una serie de parámetros básicos con carácter universal, en un mecanismo creador de desigualdades cuando, supongo, debería de haber servido para todo lo contrario.
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