sábado, 26 de marzo de 2011

Sortu y el Estado




Era de esperar, el Tribunal Supremo ha sacado por los pelos una sentencia de ilegalización de la agrupación abertzale muy controvertida. Que el voto de alguien como Dívar (apuesta personal del presidente del gobierno) haya sido necesario para sacar la sentencia es algo que da que pensar.

La cosa no acaba ahí, y no acaba porque se recurrirá al Tribunal Constitucional y allí saldrá, seguramente, una sentencia que ratificará lo acordado por el Tribunal Supremo, luego también se sabe lo que puede ocurrir. Cuando este asunto se trate en el Tribunal Europeo todo será distinto, allí sin presión, pueden llegar a otras conclusiones y nuevamente será la justicia española la que saldrá con el rabo entre las piernas como ha ocurrido recientemente con otro asunto vidrioso: el caso Otegui. Alguien tan poco sospechoso como Garzón ha declarado que va a recurrir al Tribunal Internacional de los Derechos Humanos contra lo que él, y otros muchos también entre los que me encuentro, considera una persecución de parte de la justicia española.

Se juzgan hechos y no intenciones. Al parecer, los estatutos son impecables desde la óptica constitucional y lo que se ha juzgado son las intenciones de los promotores y un pasado de apoyo al terrorismo por el que en algunos casos han sido juzgados y condenados y en otros no. Lo que ocurre es que esto último no tiene encaje en un estado de derecho. Aunque duela, esto no se compadece con una justicia al margen de presiones, se juzgan actos presentes y pasados no presunciones de futuro.

Las sospechas en algunos ámbitos sobre la politización de la justicia española siguen presentes. Este asunto ya fue juzgado en las redacciones de El Mundo, ABC, La Gaceta y La Razón. Las televisiones y radios de la derecha, casi todas, emitieron también su sentencia.

En condiciones normales, esos estatutos hubieran sido aprobados por el Ministerio del Interior como seguramente así lo fueron, lo desconozco, las normas de otros partidos antisistema pero por un movimiento táctico o por simple cobardía el gobierno no lo hizo. Está claro que no se quería abrir un nuevo frente ante la derecha que iría a degüello. Tengo dudas profundas si con eso se sirve a la causa de la paz y al querer resolver el conflicto. En este aspecto me alineo con la opinión de Eguiguren y los socialistas guipuzcoanos.

He vivido en el País Vasco y conozco bastante bien la catadura de la denominada izquierda abertzale, que de izquierda nada tiene, su internacionalismo acaba en Cuba o Venezuela y tiene las mismas características sectarias que cualquier ultranacionalismo, El izquierdismo y el puño levantado que exhiben es una careta. Practican un fundamentalismo étnico decimonónico y no me creo ni un ápice lo que ponen en sus estatutos. Es más, lo de Sortu es para mí también una estrategia para estar en las instituciones. Para el que esto escribe queda fuera de toda duda de que un gran número de sus integrantes siguen apoyando la violencia “revolucionaria”.

Pero ¡Ay! esas son las servidumbres de la democracia. Ser demócrata y respetar las libertades implica eso, dar la palabra y dejar actuar dentro de los límites que marca la ley a aquellos que incluso pueden pretender acabar con las libertades de todos. El único límite lo marca la acción presente y futura en personas que tienen íntegros sus derechos como ciudadanos. Para eso no hace falta estudiar leyes.

La derecha española sabemos como es, no cabe pedir peras al olmo, entienden la democracia del embudo. Me preocupa la izquierda gobernante, me preocupa porque en los últimos tiempos bajo el manto de protegernos de nosotros mismos hace asomar un tufillo algo preocupante en relación con las libertades individuales. No debería el PSOE pensar que los ciudadanos y sus colectivos son como sus afiliados y que el país pudiera ser dirigido de igual manera. El tacticismo y oportunismo electoral al que tan dado es en cuanto al respeto de las libertades tanto individuales como colectivas tiene sus límites y estos no deberían ser traspasados.

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