jueves, 3 de diciembre de 2009

Premios envenenados





El Jefe del Estado ha recibido un premio de la fundación de Aznar. FAES es una asociación política que tiene como cometido, entre otros, la defensa de un modo de hacer política y que es a su vez, el dorado retiro del que se dotó Aznar para que desde esa instancia poder seguir controlando a su partido e influyendo en la sociedad y que se ha caracterizado, desde su fundación, por su claro sectarismo.

Aznar en su hipotética defensa de la constitución cada vez más se inclina hacia posiciones de extrema derecha. No contento con ello, en su decisión sobre el premio concedido al Jefe del Estado, subyace una intencionalidad política: La apropiación de símbolos del estado, símbolos sobre los que se estará de acuerdo o no pero que, hoy por hoy, tiene el protagonismo que las leyes le conceden.

En una situación como la actual, en la que el Partido Popular tiene verdaderos rasgos de partido antisistema y en el que hay una preocupación generalizada sobre el Estatuto de Cataluña en el Tribunal Constitucional y la sociedad española, la designación de la persona merecedora del premio tiene un especial tufillo partidario.

El Jefe del Estado y la institución que encarna no ha debido aceptar el premio de un partido, porque la FAES, dígase lo que se diga, es el Partido Popular.

La neutralidad en el debate político que es exigible al Jefe del Estado se pone peligrosamente en cuestión de este modo. El Rey y la Corona comprometen de este modo aún más su posición. No, no debería de haber aceptado esa nominación desde un partido o desde una fundación de partido.

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Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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