Marcar una legislatura con un referente. No hay gobernante que no se deje seducir por la tentación de marcar el territorio y dejar de este modo huella de su paso. Esa parece ser una constante en cada uno de los que gobierna, desde el alcalde del pueblo mas pequeño hasta cualquier presidente de gobierno.
Siempre ha sido así, con lo cual, nada nuevo enuncio, aunque ultimamente nuestros gobernantes, de cualquier ámbito, suelen ir demasiado lejos en esa costumbre. Lo que propongo, parecen decirse, no ha de quedar solo para el futuro sino que necesariamente ha de tener un antes, un presente y un después.
Una vez que la decisión ha sido tomada, hay que dotarla en cada uno de los procesos que siguen de la consiguiente puesta en escena. Hay veces que las propuestas son solo eso. Otras, se acompaña de toda una suerte de salvas y fuegos artificiales. Estamos en la época del flash, del fogonazo diríamos en español.
Se pone la primera piedra, se delimita la parcela y si queda tiempo, en su día, inaguraremos la obra. El ciudadano que escuchó la propuesta y que asistió a la puesta de la primera piedra acude ahora, día tras día, a ver la obra en la esperanza de que lo que se prometió, anunció y aprobó, sea real algún día.
La pasada legislatura tuvo ese momento estelar y de ello hemos vivido, al menos, tres años. Ese flash fue la Ley de Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD)
La ley eleva a derecho subjetivo lo que hasta ahora era simplemente un recurso vinculado a las disponibilidades presupuestarias de las instituciones viene a garantiza igualmente la igualdad en su percepción. Vano intento en un estado en el que se profundiza cada vez más en la desigualdad den función de donde resida cada cual.
Una ley que desde la perspectiva socialista no solo significaba la atención a las personas dependientes sino que, así se nos vendió, supondría la creación de 263.000 empleos.
Dos años después de haberse culminado el desarrollo legislativo nos encontramos con algo que sin ser de todo una ley flash se le acerca demasiado.
Dos referentes clave para saber que ha pasado con la ley y su aplicación. El primero, el IV Dictamen elaborado por la Comisión de seguimiento de la Implantación de la ley. Ofrezco dos documentos, ambos trata sobre el asunto.
El original, que se encuentra alojado en la página del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y el elaborado, utilizando los mismos datos, por dos cualificados técnicos con amplia experiencia en servicios sociales Gustavo García y José Manuel Navarro que nos aporta una sugerente visión sobre la mal desarrollo de la ley. Son los mismos datos, lo que ocurre que una exposición no dice nada o muy poco y la otra, le quita el velo protector que el ministerio le endosó.
Era previsible que algunas comunidades autónomas no se implicaran, ahí están los casos de Valencia y Madrid. Lo de estas comunidades, al igual que Canarias, es explicable. Lo verdaderamente chocante es el ver a un buen ramillete de comunidades autónomas gobernadas por los socialistas en una situación, que aunque no similar, nos muestra una aplicación muy deficiente de la ley.
El segundo referente, el Informe Final del Grupo de Expertos para la Evaluación del Desarrollo de la Ley, creado a instancia del Congreso de los Diputados y que entregó su estudio en septiembre de este año.
El informe es demoledor, para aquellos que no quieran profundizar en el estudio les dejo con algunas conclusiones:
- Es una ley bien valorada, en sus expectativas, por los destinatarios finales.
- Supondría para ser llevada bien a cabo que se integrara en la LOFCA como servicio básico.
- Tiene una dotación económica insuficiente. Empezó con 800 millones, ahora son 5.000 y dentro de dos años se espera que sean 7.000.
- No hay suficientes recursos en las CCAA para pagar la aproximadamente mitad que les corresponde en su aplicación.
- Fue diseñada para un techo de 850.000 cuando en realidad hay 1.500.000 posibles demandantes.
- En 2015 su financiación supondrá el 1,5% del PIB.
- Se recomienda subir el IVA en 2 puntos.
- Se recomienda modificar las cuotas de la SS e incorporar una cuantía para la futura dependencia de cada cual.
- Hay comunidades autónomas que dicen que no tienen dinero con el que poner su parte y que tendrían que crear nuevas figuras impositivas, amén de establecer un copago.
- Los evaluadores, según comunidades autónomas, oscilan entre 1 por cada 54.850 habitantes y 1 por cada 4.876. No hay suficientes recursos técnicos en las comunidades.
Y así, un eterno rosario de fallas, quiebras, descoordinaciones y singularidades sobre las que no pienso extenderme y que hacen de la LAPAD merecedora del título de una auténtica ley flash.
Siempre ha sido así, con lo cual, nada nuevo enuncio, aunque ultimamente nuestros gobernantes, de cualquier ámbito, suelen ir demasiado lejos en esa costumbre. Lo que propongo, parecen decirse, no ha de quedar solo para el futuro sino que necesariamente ha de tener un antes, un presente y un después.
Una vez que la decisión ha sido tomada, hay que dotarla en cada uno de los procesos que siguen de la consiguiente puesta en escena. Hay veces que las propuestas son solo eso. Otras, se acompaña de toda una suerte de salvas y fuegos artificiales. Estamos en la época del flash, del fogonazo diríamos en español.
Se pone la primera piedra, se delimita la parcela y si queda tiempo, en su día, inaguraremos la obra. El ciudadano que escuchó la propuesta y que asistió a la puesta de la primera piedra acude ahora, día tras día, a ver la obra en la esperanza de que lo que se prometió, anunció y aprobó, sea real algún día.
La pasada legislatura tuvo ese momento estelar y de ello hemos vivido, al menos, tres años. Ese flash fue la Ley de Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD)
La ley eleva a derecho subjetivo lo que hasta ahora era simplemente un recurso vinculado a las disponibilidades presupuestarias de las instituciones viene a garantiza igualmente la igualdad en su percepción. Vano intento en un estado en el que se profundiza cada vez más en la desigualdad den función de donde resida cada cual.
Una ley que desde la perspectiva socialista no solo significaba la atención a las personas dependientes sino que, así se nos vendió, supondría la creación de 263.000 empleos.
Dos años después de haberse culminado el desarrollo legislativo nos encontramos con algo que sin ser de todo una ley flash se le acerca demasiado.
Dos referentes clave para saber que ha pasado con la ley y su aplicación. El primero, el IV Dictamen elaborado por la Comisión de seguimiento de la Implantación de la ley. Ofrezco dos documentos, ambos trata sobre el asunto.
El original, que se encuentra alojado en la página del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y el elaborado, utilizando los mismos datos, por dos cualificados técnicos con amplia experiencia en servicios sociales Gustavo García y José Manuel Navarro que nos aporta una sugerente visión sobre la mal desarrollo de la ley. Son los mismos datos, lo que ocurre que una exposición no dice nada o muy poco y la otra, le quita el velo protector que el ministerio le endosó.
Era previsible que algunas comunidades autónomas no se implicaran, ahí están los casos de Valencia y Madrid. Lo de estas comunidades, al igual que Canarias, es explicable. Lo verdaderamente chocante es el ver a un buen ramillete de comunidades autónomas gobernadas por los socialistas en una situación, que aunque no similar, nos muestra una aplicación muy deficiente de la ley.
El segundo referente, el Informe Final del Grupo de Expertos para la Evaluación del Desarrollo de la Ley, creado a instancia del Congreso de los Diputados y que entregó su estudio en septiembre de este año.
El informe es demoledor, para aquellos que no quieran profundizar en el estudio les dejo con algunas conclusiones:
- Es una ley bien valorada, en sus expectativas, por los destinatarios finales.
- Supondría para ser llevada bien a cabo que se integrara en la LOFCA como servicio básico.
- Tiene una dotación económica insuficiente. Empezó con 800 millones, ahora son 5.000 y dentro de dos años se espera que sean 7.000.
- No hay suficientes recursos en las CCAA para pagar la aproximadamente mitad que les corresponde en su aplicación.
- Fue diseñada para un techo de 850.000 cuando en realidad hay 1.500.000 posibles demandantes.
- En 2015 su financiación supondrá el 1,5% del PIB.
- Se recomienda subir el IVA en 2 puntos.
- Se recomienda modificar las cuotas de la SS e incorporar una cuantía para la futura dependencia de cada cual.
- Hay comunidades autónomas que dicen que no tienen dinero con el que poner su parte y que tendrían que crear nuevas figuras impositivas, amén de establecer un copago.
- Los evaluadores, según comunidades autónomas, oscilan entre 1 por cada 54.850 habitantes y 1 por cada 4.876. No hay suficientes recursos técnicos en las comunidades.
Y así, un eterno rosario de fallas, quiebras, descoordinaciones y singularidades sobre las que no pienso extenderme y que hacen de la LAPAD merecedora del título de una auténtica ley flash.
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Hola amigo:
ResponderEliminarLo dices todo, lo dices muy bien. Este es uno de nuestros eternos problemas, las leyes flash. Los ciudadanos ya se están dando cuenta de ello. Al final se pagará y lo pagarán más allí dónde hay más conciencia para darse cuenta de estas cosas; lo pagarán especialmente los partidos de izquierda. Es una pena que nuestros dirigentes no se den cuenta de estos asuntos. Viven aún en las nubes de las que caerán, desgraciadamente, en caída libre.
Recibe un abrazote amigo.
Hola a todos. quiero dejaros informacion de una direccion www.laleydeladependencia.es
ResponderEliminara mi me han ayudado y mucho
y si pueden ayudar a mas dependientes lo dejo por eso.
Gracias por la información, queda registrada. Seguiremos hablando de esto.
ResponderEliminarSaludos,
Coincido contigo en cuanto la política del flas. Todo es mediático y el objetivo es llenar una viñeta de cualquier peródico, la vacuedad más absoluta es lo que impera. Anuncios, contraanuencios...y yo con estos pelos..
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