Municipalismo orgánico

La Unión Europea ha llamado reiteradamente la atención sobre el urbanismo en España sobre todo en las franjas costeras.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado de que en España hay en estos momentos 730 procedimientos penales abiertos por causas de corrupción, en gran medida residenciados en ayuntamientos.

España, según Transparencia Internacional, ha descendido, en un año tan solo, en el ranking de los países menos corruptos desde el puesto 28 al 32.

Entre un 38% y un 40% de los ingresos de los ayuntamientos es atribuible al urbanismo.

Según el CIS, la corrupción, y en especial la corrupción en las administraciones locales es percibida por el pueblo español como el cuarto problema del país.

Pero no quiero hacer un post que trate de la corrupción sin más, son abundantes los estudios que la analizan. Me preocupa, sobre todo, otro aspecto ligado a la corrupción. A quienes quieran profundizar en este tema pueden visitar la web, http//www.corrupcioncero.com

Quiero comentar su incidencia sobre los partidos, en su configuración interna, en su financiación y en el alejamiento de los ciudadanos de la política.

El impacto sobre las organizaciones, aquí cabe hablar de impacto, del actual redactado de la Ley de Bases de Régimen Local es notable, la dinámica urbanizadora y empleadora, en la que se han instalado los ayuntamientos españoles contribuyen en gran medida a ello.

Veamos, en la mayoría de los partidos se estila que en la misma persona confluya el principal cargo institucional local y el máximo rango orgánico. De este modo al secretario general o presidente de cualquier ámbito, le corresponda la presidencia del gobierno, la comunidad autónoma y la diputación o ayuntamiento. En el caso de que no estén en el poder, esta singularidad se suele trasladar también al cabeza de la oposición.

Este axioma se cumple, en los partidos mayoritarios, en casi un 90%, solo hay que repasar cargo por cargo las provincias españolas en ambos partidos.

Allí donde esto se cumple, el contenido básico de la discusión política en ejecutivas y asambleas se centra en aspectos y temas de los que son responsables. No cabe otra posibilidad. Cuando se tocan materias que trascienden del ámbito de la responsabilidad institucional los cometidos llegan a ser subsidiarios o vicarios es decir, se programan campañas de apoyos al gobierno o a las políticas de oposición diseñadas por órganos superiores. Lo que realmente sucede es que se reduce notablemente la discusión política en los diversos órganos de un partido. En una agrupación local, cuando se discute, son los temas locales los que realmente tienen interés para aquellos que organizan el debate. Por supuesto, no se toman decisiones y solo se recogen sugerencias y opiniones.

Tampoco hay debates específicos sobre la política que siguen los organismos superiores, de manera tal, que los representantes en los órganos de control de la región o el estado no sienten la obligación en ser portavoces de nadie. Luego, es el espíritu de supervivencia el que les hace seguir el camino de la mayoría, mimetizándose con ella o en todo caso, aportando matizaciones dentro de lo políticamente aconsejable para que su permanencia en la elite no se vea alterada o sufra.

En el blog de Javier Iglesias expuse por vez primera en un comentario lo que he venido a denominar “municipalismo orgánico”. En él dije que a mi juicio, uno de los males que aqueja a la democracia en los partidos tenía su origen en esa tendencia que se refleja en una falta de control real sobre los responsables institucionales. Es la misma falta de control que impide que desde las bases de los partidos se reorienten las políticas, cuando las cosas se hacen mal, la que impide un correcto juego democrático al pervertir, en algunos casos, la expresión libre en las asambleas, donde lo frecuente es encontrar un alto componente de voto cautivo merced al juego que otorga las amplias posibilidades que da el gobernar.
Esta situación genera, casi siempre, que en las asambleas sea la decisión de un amplio número de trabajadores del ayuntamiento, la diputación o las empresas municipales, , que a su vez son militantes del partido, la que suele prevalecer este colectivo como grupo estructurado y homogéneo, y que la ejecutiva real, resulte ser, el grupo municipal, el de la diputación o ambos. Obvio decir, que en cuanto a la representación a los órganos de control de ámbitos superiores la situación suele reproducirse.

Son en realidad campos donde la endogamia y la cooptación forman parte del paisaje. Se alteran los fundamentos básicos de los partidos políticos, al menos dentro de la perspectiva de la izquierda, se cambia una de las funciones de los partidos políticos la más amplia de sustentar, por otra, apoyar, mucho mas unidireccional y restrictiva.

El sistema seguido evidencia la devaluación del esquema vigente hasta ahora por lo que los habituales cauces que son las agrupaciones y las asambleas suelen tornarse en instrumentos inservibles para la acción política. Para mas abundar sobre este asunto, solo hay que remitirse a la experiencia que nos dice que son las agrupaciones en las que no se tiene el poder en ayuntamientos en las que mínimamente se puede dar un juego democrático vinculado, eso si, a la mayor o menor identificación y proximidad que los cargos institucionales puedan tener a dirigentes de ámbitos superiores.

Llegados aquí, conviene preguntarse realmente, sobre cuál es el ámbito en el que se puede realizar y comentar políticas si, como se ve, los espacios a ello destinados en los dos partidos mayoritarios no llegan a cumplir la misión para las que fueron creados.

Hay en curso una reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que, en función de las presiones que vienen ejerciendo los ayuntamientos, inevitablemente deberá ser acompañada por la reforma, también, de la Ley de Haciendas Locales. Los partidos mayoritarios vienen hablando de esta cuestión desde hace, al menos, tres años.

Soy de los que piensan que la salud democrática de este país y el avance en la democratización de los partidos exigen una reformulación en profundidad de la ley local y de otras leyes. Sobre todo, habría que reducir las competencias de los alcaldes, hacer más plural la comisión de gobierno, incrementar las funciones y los controles del pleno, trazar un régimen de incompatibilidades más estricto, establecer la limitación de mandatos, constituir juntas de contratación, limitar la contratación libre de trabajadores, dar entrada a la sociedad civil en el ámbito de las decisiones etc.

Es interesante desde el punto de vista de la izquierda, algunos de los aspectos señalados en el decálogo del catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Manuel Villoria autor, a su vez, del libro "La corrupción en España".

El fenómeno de la corrupción pública en España se asienta en gran medida en la llevada a cabo, respecto al suelo, por alcaldes y grupos municipales desaprensivos. La alteración de gran parte de los fundamentos democráticos en los partidos también se sirve de ese poder, afortunadamente no en todos los casos, para subvertir en cierta medida el pleno ejercicio democrático y la participación ciudadana.

¿Estarán de acuerdo los grandes partidos en tener agrupaciones que funcionen en vez de que grupos municipales y alcaldes sean realmente el partido en los ámbitos locales?

¿Serían ambos partidos mayoritarios capaces de incorporar un esquema similar, en toda su extensión, al que tiene el PNV donde hay incompatibilidad expresa (Art.18) entre cargos internos y externos? A propósito, en Euskadi solo hay una causa abierta por corrupción municipal. Sin duda es mucho pedir.