El gran misterio de nuestro tiempo

El misterio español no consiste en el nivel del paro, el cierre de empresas y las dificultades para obtener créditos. Estos problemas son algo cotidiano, se viven y se padecen.

El gran misterio español sigue siendo la administración de justicia, sus tribunales, sus funcionarios y sus procedimientos. Es la gran arcón de las sorpresas.

Para un ciudadano normal, lego en la materia, que es en suma el destinatario final de cuanto se decide en cualquiera de sus instancias, las decisiones judiciales vienen, la mayoría de las veces, envueltas en una densa nebulosa. Sabemos lo que tenemos que hacer, porque nos lo dicen, pero no sabemos porque nos lo dicen. Aún así, cuando los litigios y las decisiones afectan a un individuo mondo y lirondo la capacidad de reacción es bien escasa. Te dicen un cosa, si tienes dinero agotas todo el escalón judicial, asistes a matices y sentencias contradictorias y al final, ya ni siquiera te preguntas el porqué.


Esta semana, la institución peor valorada por los españoles, si atendemos las encuestas de prestigiosos organismos investigadores de la opinión pública, nos ha regalado tres decisiones dignas de figurar en el inventario de lo misterioso.


Por orden cronológico:

El Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano nos ha proporcionado una muestra más de su peculiar modo de entender la justicia. Antes de la decisión, controvertida, sobre los trajes regalados a Camps y otros significados líderes del PP de la Comunidad Valenciana se sabe que tuvo acceso a nuevas pruebas sobre el entramado Gürtel en la Comunidad Valenciana. Estas pruebas ni fueron valoradas ni atendidas. Directamente al anaquel de asuntos perdidos, ya que “ellos” estaban juzgando una cosa y no otra. Por lo tanto, como si la denuncia y las pruebas no existiesen

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco autoriza en una manifestación la exhibición de fotografías de presos de ETA, la mayoría juzgados y sentenciados. Contraviniendo, "interpretando" dicen, sentencias del Tribunal Supremo sobre los actos de exaltación del terrorismo. Esta resolución avala por lo tanto las posiciones políticas que el PNV, EA, EB y la izquierda abertzale vienen manteniendo.


La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce en dos sentencias, el derecho a la objeción de conciencia en materia de educación para la ciudadanía, con las implicaciones que sin duda tiene para los ya evaluado en el pasado curso. No me resisto a entresacar de la nota de prensa del citado tribunal algunas de las consideraciones esgrimidas por la mayoría de los magistrados:

“La intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida, que emplea conceptos difusos e indeterminados pero con virtualidad bastante como para propiciar y producir el efecto indeseable de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en plena fase de formación y ello con arreglo a unos autocalificados valores éticos comunes“.

“El confesado propósito de reconstrucción (no de simple construcción) de valores en orden a la influencia en los comportamientos y actitudes, habilidades y destrezas de los menores –conciencias, sentimientos, relaciones interpersonales y emociones afectivo sexuales-, comportamientos -no conocimientos- que serán objeto de específica evaluación;”

El tribunal remata con la siguiente consideración:

“Y aún las significativas reservas y advertencias del Pleno del Tribunal Supremo respecto de proyectos educativos, libros de texto y explicaciones, con continuas llamadas a la más rigurosa y exquisita objetividad, prudente distanciamiento, neutralidad, respeto al pluralismo y exposición crítica de la materia a fin de evitar el deslizamiento hacia el adoctrinamiento, proselitismo o captación de voluntades de los alumnos en relación con cuestiones morales controvertidas sobre las que no exista un generalizado consenso en la sociedad española –reservas y advertencias por sí solas expresivas de la realidad y gravedad del conflicto“.

Me he sentado a redactar estas líneas, y tengo a mi lado el texto de Educación para la Ciudadanía de 2º de ESO de la editorial SM. En el mismo no veo por ninguna parte los contenidos denunciados por el movimiento en contra de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Algunas webs de estos activistas esgrimen libros de la editorial Akal y frases de MacGraw Hill como pruebas de supuestas atrocidades que se están cometiendo en la educación de sus hijos. No he podido hojear los libros denunciados, pero bien es cierto que en la elección de libros tienen competencia tanto las CCAA como los colegios y en su mano está, la elección de libros que mejor se corresponda con el ideario del colegio. De ese modo, ya no existe una obligación concreta en torno a contenidos controvertidos. La obligación es tener la asignatura de Educación para la ciudadanía, el contenido que se imparta supone un factor más en la decisión sobre a qué colegio envío a estudiar a mi hijo.

Ninguna de estas cuestiones han sido atendida por el tribunal castellano-leonés.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial brindó una ocasión inmejorable para corregir tanto en el Tribunal Supremo como en el propio Consejo los prejuicios políticos, religiosos y morales que venían lastrandolo desde épocas anteriores. La elección por parte del Congreso de un nuevo presidente solo ha hecho cambiar lo rematadamente malo por un nirvana eclesial que sin duda situará a la justicia española en la senda de los prejuicios religiosos y morales.

Definitivamente, es el gran misterio español. A nosotros, solo nos corresponde acatar.