Nunca condenaron al franquismo

Jamás lo condenaron, a pesar de que han tenido oportunidades sobradas en cuantas instituciones democráticas se debatió el asunto. Han seguido manteniendo nombres de calles, estatuas, monumentos y recordatorios de todo tipo allí donde gobiernan, siquiera la promulgación de una ley específica, muy blandita por cierto, ha sido suficiente para remover esa losa del pasado. Más, aún siguen haciendo apología de esa época a través de sus medios y portavoces.

Un régimen al que la historia ha juzgado como uno más entre los genocidas que ha recorrido el Siglo XX y una dictadura que hasta bien entrado el año 1976 se empleaba a balazos contra manifestantes desarmados no ha merecido siquiera un mínimo pronunciamiento de condena en estatutos o en mociones por parte del Partido Popular. Ahí, en el mismo partido permanecen los que justifican aquella época como una necesidad histórica, los que hacen ostentación de su ideología y todo ello sin un simple sonrojo.

La Ley de Partido Políticos es una ley que aunque fue aprobada por un parlamento democrático y está avalada en tribunales internacionales no deja de ser una anomalía democrática. Una anomalía democrática direccional porque en la misma medida que prohíbe los partidos que no condenan el terrorismo y la violencia, nada dice de aquellos que justifican y glorifica el peor drama que ha sufrido este pueblo: Una guerra civil que duró más de cuarenta años y que ocasionó sufrimiento y cientos de miles de muertos.

La izquierda abertzale se reorganiza en un nuevo partido y presenta ante el Ministerio del Interior sus estatutos que al parecer, son plenamente democráticos y ajustado a la ley. El ministerio que tiene la potestad de aprobarlos los ha enviado a la fiscalía, lo cual, me parece lógico debido a la trascendencia que su aprobación tiene. Habrán de ser los tribunales los que determinen ya que nadie quiere tener esta patata caliente en sus manos. Al final, será el Tribunal Supremo quien decida.

Mientras, el PP que no podrá emplear todo esto como arma arrojadiza, salvo el patológico caso de Mayor Oreja y el de un descerebrado disfrazado de intelectual llamado Moa Rodríguez, instrumenta cuantos medios se ponen a su alcance para ejercer de juez. Los voceros de la derecha vienen haciendo su labor de propaganda con el ánimo de influir en la judicatura. No importa lo que diga la justicia, ellos, de antemano, han dictado ya la sentencia. Como objetivo central está que el problema vasco debe de seguir sin solución, ya vendrán otros para dar la salida.

El pueblo soberano huye de la política y de sus representantes como de la peste. Siempre hay un traje a medida de quien habla y expone. Causa asombro observar como los imputados que no deberían volver a presentarse pertenecen al otro partido y no al propio, como los tránsfugas son también los que benefician a unos y no a los otros, como nos gustan los fallos de los jueces cuando nos dan la razón y un fallo posterior de ese mismo juez que invalida una posición cercana a lo que creemos, ya no nos es válido y por lo tanto habría que derribarlo. Del como una disposición aprobada para el general de las autonomías no es aplicable en otra cualquiera por la simple razón de que me han prometido su apoyo para futuro.

Esto no es una tragedia clásica. Esto es, señores, la política española. Una performance, que digo performance, un happening, en el que a pesar del tiempo transcurrido todavía caben nuevas sorpresas y carambolas.

Espero que en el caso que nos ocupa los tribunales dictaminen mas allá de los intereses concretos de unos y otros. Son demasiadas las brechas que a diario se abren en las paredes maestras de nuestras libertades para que se sume una más. Las cuarentenas democráticas no existen en nuestro ordenamiento jurídico, son los textos y los pronunciamientos los que valen, incluso, para aquellos que no condenan al franquismo.

Que somos escépticos sobre las verdaderas intenciones de la izquierda abertzale y de ETA, desde luego que lo somos. Resuenan todavía los gritos de apoyo a la organización terrorista pero la ley es la ley, y no podemos, no debemos tolerar el empleo discrecional de la misma o la presión sobre aquellos que han de decidir.