Sabido es que la situación en la que nos encontrábamos en Castilla y León antes del estallido de la crisis financiera no era muy boyante. Pese a los intentos del Gobierno de Castilla y León de dibujar un panorama de progreso económico la realidad distaba mucho de lo que la propaganda oficial proclamaba.
El cuadro económico de Castilla y León nos ofrecía a finales de 2008 una población con una ligera variación al alza debida sobre todo a la afluencia de inmigrantes que compensaba a su vez la sangría que suponía la emigración de muchos de nuestros jóvenes universitarios a otras regiones. El resultado de este casi estancamiento de los habitantes de la región ha sido la perdida de peso relativo en el conjunto de la población española. El crecimiento del PIB a lo largo de esta última década ha sido inferior en cada año al conjunto nacional. Salvo en el 2002, el resto de años hemos crecido por debajo de la media nacional. Otra característica a resaltar es que el sector primario sigue teniendo un peso en el conjunto de la economía regional muy superior al del resto de comunidades autónomas.
En otros parámetros como la tasa de paro y actividad, sector exterior, tejido empresarial y gasto en I+D+I hemos coleccionado también cifras inferiores a la media española.
Por el contrario, en indicadores de convergencia con la UE hemos avanzado, lo que significa el que hemos abandonado la consideración de objetivo 1 para Europa con lo que son claras las consecuencias negativas para la financiación de proyectos necesarios para el desarrollo de Castilla y León. Por último, en el endeudamiento del sector público en relación con el PIB tenemos la mitad de la media del conjunto de las administraciones autonómicas.
Es decir, que mientras otras CCAA han mantenido un endeudamiento en torno al 6% del PIB autonómico, en Castilla y León ha sido tan solo del 3%. Esto último que desde una lectura neoliberal se considera un logro, tiene un resultado muy visible para los ciudadanos; Nuestros servicios públicos son notablemente inferiores al de otras comunidades autónomas. Es nuestra sanidad, nuestros servicios sociales, infraestructuras y las políticas ligadas al bienestar de los ciudadanos las que padecen la falta de recursos públicos.
Por lo tanto en los inicios de la crisis nuestra situación de partida era notablemente inferior a la de los españoles de otras comunidades autónomas en cuanto a bienestar y riqueza relativa. Es evidente que ante la nueva situación, con un sistema de protección inadecuado los costes de la crisis van a repercutir más negativamente en nuestros conciudadanos que en el del resto de España.
Hay una serie de indicadores; Pobreza y exclusión social así como otros que hacen referencias a otros índices de bienestar como el empleo, la disponibilidad de renta, salud, servicios sociales y educación que nos sitúan en el ranking nacional por debajo de la media. Los informes de FOESSA, Colectivo Loé o Barómetro Social y Cáritas que así lo avalan. Provincias como Zamora, Salamanca quedan muy malparadas en el ranking nacional de riqueza. En todo caso no es aventurado afirmar que los próximos años nuestra comunidad va encontrarse en una situación más delicada de lo que podría esperarse y que la recuperación de la crisis será indudablemente mucho más lenta que en otros entornos.
Con un sector primario con mucho peso aún en la comunidad, deficitario y en profunda crisis debido sobre todo a una muy deficiente renovación tanto humana como tecnológica, una industria muy vinculada al sector de la automoción, un sector agroalimentario colonizado por empresas del exterior y un sector de la construcción paralizado, no es de extrañar que el panorama con el que nos enfrentamos los castellanosleoneses se torne especialmente negro.
Solo el colchón que proporciona las rentas provenientes de la PAC, las procedentes de las administraciones públicas vía empleados públicos y la de los sistemas de previsión social son las que vienen a sostener la demanda interna de Castilla y León en casi un 65% como así lo revelan de modo claro los diversos informes económicos.
La situación de gravedad se torna más acuciante si cabe con el impacto de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria en nuestra región.
Castilla y León ha perdido empleos mediante expedientes de regulación de empleo (ERE) de un modo dramático. Hemos sido la cuarta comunidad en pérdidas de empleo por extincion mediante ERE en 2007. Tras Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, 1.861 trabajadores perdieron su empleo aquí. Menos empleos que nosotros dejaron de tener otras comunidades como País Vasco, Andalucía, Galicia etc. En 2008, volvemos a ser nuevamente la cuarta región con 2.502 puestos de trabajo menos mediante esta modalidad.
Alguien puede verse tentado a justificar en la medida en que somos una región con nueve provincias. Les propongo una sencilla operación aritmética: Dividan el número de nuevos parados por la población activa de todos los sectores, excepto del sector público, con ello verán la auténtica dimensión del problema.
No pienso cansar al lector con otros datos, las cifras se encuentran en los informes sobre empleo del Ministerio de Trabajo. Lo que nos interesa a modo de conclusión es que los diversos agentes de la región; empleadores, sector financiero regional, esto si que es dramático, políticos y agentes sociales no son al parecer lo suficientemente conscientes de la gravedad de la situación, o si lo son, no son capaces de encaminar los derroteros de la comunidad en sentido contrario al que lo están haciendo.
Es evidente que debe de abrirse paso la urgencia en la toma de decisiones sobre sostenimiento con fondos públicos de políticas de rescate de empresas y familias, aumentando el nivel de endeudamiento de la administración.
Políticas que mitiguen la creciente exclusión social y el aumento de la pobreza. Del mismo modo se hace preciso acciones que contribuyan al anclaje de la empresas en la comunidad, fomento de la I+D+I y de estímulo de la demanda de los bienes producidos en nuestra comunidad.
Reforma decidida del sector financiero de la comunidad removiendo las trabas y desplazando a los sectores inmovilistas y reaccionarios establecidos en las asambleas y consejos de administración de las cajas de ahorro.
Por último hace falta un gran acuerdo regional, superador de la dinámica del enfrentamiento radical latente desde hace tanto tiempo. Es tiempo de acuerdos, de grandes acuerdos. Generar acuerdos no quiere decir dejar de ejercer la oposición.
El cuadro económico de Castilla y León nos ofrecía a finales de 2008 una población con una ligera variación al alza debida sobre todo a la afluencia de inmigrantes que compensaba a su vez la sangría que suponía la emigración de muchos de nuestros jóvenes universitarios a otras regiones. El resultado de este casi estancamiento de los habitantes de la región ha sido la perdida de peso relativo en el conjunto de la población española. El crecimiento del PIB a lo largo de esta última década ha sido inferior en cada año al conjunto nacional. Salvo en el 2002, el resto de años hemos crecido por debajo de la media nacional. Otra característica a resaltar es que el sector primario sigue teniendo un peso en el conjunto de la economía regional muy superior al del resto de comunidades autónomas.
En otros parámetros como la tasa de paro y actividad, sector exterior, tejido empresarial y gasto en I+D+I hemos coleccionado también cifras inferiores a la media española.
Por el contrario, en indicadores de convergencia con la UE hemos avanzado, lo que significa el que hemos abandonado la consideración de objetivo 1 para Europa con lo que son claras las consecuencias negativas para la financiación de proyectos necesarios para el desarrollo de Castilla y León. Por último, en el endeudamiento del sector público en relación con el PIB tenemos la mitad de la media del conjunto de las administraciones autonómicas.
Es decir, que mientras otras CCAA han mantenido un endeudamiento en torno al 6% del PIB autonómico, en Castilla y León ha sido tan solo del 3%. Esto último que desde una lectura neoliberal se considera un logro, tiene un resultado muy visible para los ciudadanos; Nuestros servicios públicos son notablemente inferiores al de otras comunidades autónomas. Es nuestra sanidad, nuestros servicios sociales, infraestructuras y las políticas ligadas al bienestar de los ciudadanos las que padecen la falta de recursos públicos.
Por lo tanto en los inicios de la crisis nuestra situación de partida era notablemente inferior a la de los españoles de otras comunidades autónomas en cuanto a bienestar y riqueza relativa. Es evidente que ante la nueva situación, con un sistema de protección inadecuado los costes de la crisis van a repercutir más negativamente en nuestros conciudadanos que en el del resto de España.
Hay una serie de indicadores; Pobreza y exclusión social así como otros que hacen referencias a otros índices de bienestar como el empleo, la disponibilidad de renta, salud, servicios sociales y educación que nos sitúan en el ranking nacional por debajo de la media. Los informes de FOESSA, Colectivo Loé o Barómetro Social y Cáritas que así lo avalan. Provincias como Zamora, Salamanca quedan muy malparadas en el ranking nacional de riqueza. En todo caso no es aventurado afirmar que los próximos años nuestra comunidad va encontrarse en una situación más delicada de lo que podría esperarse y que la recuperación de la crisis será indudablemente mucho más lenta que en otros entornos.
Con un sector primario con mucho peso aún en la comunidad, deficitario y en profunda crisis debido sobre todo a una muy deficiente renovación tanto humana como tecnológica, una industria muy vinculada al sector de la automoción, un sector agroalimentario colonizado por empresas del exterior y un sector de la construcción paralizado, no es de extrañar que el panorama con el que nos enfrentamos los castellanosleoneses se torne especialmente negro.
Solo el colchón que proporciona las rentas provenientes de la PAC, las procedentes de las administraciones públicas vía empleados públicos y la de los sistemas de previsión social son las que vienen a sostener la demanda interna de Castilla y León en casi un 65% como así lo revelan de modo claro los diversos informes económicos.
La situación de gravedad se torna más acuciante si cabe con el impacto de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria en nuestra región.
Castilla y León ha perdido empleos mediante expedientes de regulación de empleo (ERE) de un modo dramático. Hemos sido la cuarta comunidad en pérdidas de empleo por extincion mediante ERE en 2007. Tras Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, 1.861 trabajadores perdieron su empleo aquí. Menos empleos que nosotros dejaron de tener otras comunidades como País Vasco, Andalucía, Galicia etc. En 2008, volvemos a ser nuevamente la cuarta región con 2.502 puestos de trabajo menos mediante esta modalidad.
Alguien puede verse tentado a justificar en la medida en que somos una región con nueve provincias. Les propongo una sencilla operación aritmética: Dividan el número de nuevos parados por la población activa de todos los sectores, excepto del sector público, con ello verán la auténtica dimensión del problema.
No pienso cansar al lector con otros datos, las cifras se encuentran en los informes sobre empleo del Ministerio de Trabajo. Lo que nos interesa a modo de conclusión es que los diversos agentes de la región; empleadores, sector financiero regional, esto si que es dramático, políticos y agentes sociales no son al parecer lo suficientemente conscientes de la gravedad de la situación, o si lo son, no son capaces de encaminar los derroteros de la comunidad en sentido contrario al que lo están haciendo.
Es evidente que debe de abrirse paso la urgencia en la toma de decisiones sobre sostenimiento con fondos públicos de políticas de rescate de empresas y familias, aumentando el nivel de endeudamiento de la administración.
Políticas que mitiguen la creciente exclusión social y el aumento de la pobreza. Del mismo modo se hace preciso acciones que contribuyan al anclaje de la empresas en la comunidad, fomento de la I+D+I y de estímulo de la demanda de los bienes producidos en nuestra comunidad.
Reforma decidida del sector financiero de la comunidad removiendo las trabas y desplazando a los sectores inmovilistas y reaccionarios establecidos en las asambleas y consejos de administración de las cajas de ahorro.
Por último hace falta un gran acuerdo regional, superador de la dinámica del enfrentamiento radical latente desde hace tanto tiempo. Es tiempo de acuerdos, de grandes acuerdos. Generar acuerdos no quiere decir dejar de ejercer la oposición.
Hace falta, como no, un llamado a la responsabilidad de los agentes sociales para que estén a la altura del momento histórico, agentes (empresarios y algún que otro sindicato) que vienen dando un ejemplo nefasto, en el que se bascula desde la conformidad con la recepción de unas migajas para políticas sociales, véase el último acuerdo del Consejo del Diálogo Social, claramente insuficientes para las nuevas necesidades hasta unas posiciones testimoniales, obtusas, como la manifestada por algunos en relación con el protocolo de colaboración de las cajas de la comunidad.
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